PROYECTO TELELAC I

Los telecentros en México y América Latina corren el riesgo de ser una especie en extinción antes de concluir su periodo posparto. Las condiciones del mercado, el ritmo acelerado del desarrollo de la tecnología digital y la ausencia de un marco regulatorio a su favor son factores que inhiben el crecimiento de los telecentros en la región. Es una situación alarmante, porque el telecentro representa una novedosa figura organizativa de la sociedad civil, ni proyecto de gobierno ni empresa privada, que ofrece servicios de acceso al inmenso mundo de la información disponible en la Internet y al tiempo la capacitación para los usuarios en los diversos instrumentos de la informática. Sin un dominio de las herramientas que permitan la administración de la información consultada y recopilada de poco le sirve a los ciudadanos. El telecentro, mucho más que un simple cibercafé, es el resultado de inquietudes sociales actuando en convergencia con la informática. Y el telecentro puede ser una metáfora apropiada de lo que algunos llaman el Tercer Sector, un espacio donde individuos con intereses afines logran ligarse con la sociedad del conocimiento al construir redes, nodos interconectados y separados en el espacio geográfico y digital, con una creciente potencialidad al nivel local, microregional, nacional e internacional.

El telecentro es el producto de una evolución de las redes humanas y digitales formadas por los primeros curiosos que se fueron comprometiendo con las aplicaciones sociales de la informática. A finales de la década de los años '80, los contados grupos que iniciaron la creación de programas de cómputo gratuitos, de bancos de información de textos y datos útiles, utilizando el correo electrónico y protocolos de transferencia de archivos, y el acceso a los archivos "gopher", también imaginaron, sin mucho esfuerzo, aplicaciones de esta tecnología con fines sociales, según sus objetivos de acuerdo a compromisos con la democracia, la oferta de mayores recursos educativos, la reducción del desgaste de los recursos naturales, la rendición de cuentas de organismos públicos internacionales, una mayor transparencia en la negociación de la amplísima gama de políticas públicas que se relacionan con nuestras vidas, públicas y privadas. Se trata del desarrollo de una conciencia social que evidentemente fue posible a través de las redes, ampliadas e intensificadas por medio del uso cada vez más intensivo de la Internet y el desarrollo de sus instrumentos gráficos (WWW). Fue construyéndose un consenso donde la novedad de la separación en el espacio y el tiempo entre los participantes en redes electrónicas se convirtió en una herramienta de poder creciente ante la explosión del número de participantes y su papel emergente como nuevas elites pertenecientes a diversos gremios. Y el costo de participar fue reduciéndose dramáticamente. La figura del telecentro local sencillamente fue concebido como el punto de acceso, sin fines de lucro, pero tampoco subsidiado, donde novatos podrían engancharse con esta novedosa realidad de participar en las redes de información y discusión, y a la vez compartir los foros de discusión sobre asuntos públicos de mutuo interés. El telecentro supone que hay ciudadanos interesados en mayor acceso a la información, motivados a participar en las redes actuales, y comprometidos con la ampliación de la oferta de este instrumento al nivel local.

En pocas palabras, cada proyecto de telecentro presupone un ambiente propicio para la inducción de una conciencia social en función del acceso a la información que la tecnología ahora permite. ¿Pero son premisas bien fundadas en la realidad política y social de la América Latina contemporánea? ¿No hay elementos en la cultura política, herencia de muchas décadas de gobiernos autoritarios, instancias del Estado impunes y parcos con la oferta de información útil para los gobernados, la existencia de hechos y ambientes que efectivamente discriminan en contra de la aceptación de los telecentros y lo que ofrecen? ¿Los gremios del magisterio, médicos y enfermeras de las castigadas clínicas de salud pública, los mandos medios municipales y los funcionarios de segundo nivel de las secretarías de los gobiernos estatales (o provinciales) realmente tienen un interés, o una necesidad sentida, de consultar y/o ofrecer información profesionalmente relevante en un telecentro? Sospecho que no es el caso, o por lo menos al nivel de entusiasmo y compromiso que cumple con las expectativas de los que nos dediquemos a la promoción, creación y administración de los pocos telecentros operando hoy en México y toda la región (www.tele-centros.org).

¿Y a qué se debe? Sugiero que hay cuatro factores operando, entrelazados entre sí, que dificultan la labor de los telecentros: 1) una cultura mediática centrada en la radio y la televisión; 2) el rezago digital, producto de una política de Estado, que actualmente México vive en comparación con otros países de América Latina, Brasil y Chile, por ejemplo; 3) un Tercer Sector de organizaciones no gubernamentales débil con pocos vínculos con y apoyos o reconocimientos desde el Estado; y 4) las reglas del poder local y regional, hasta nacional, que obliga negociar los tratos, acuerdos, arreglos, convenios y anexos de cara a cara, donde los actores no suelen compartir la información pertinente.

El hecho que apenas este jueves, el 8 de marzo del 2001, la Cámara de la Radio y la Televisión de México firmó un acuerdo de autorregulación, antes las evidentes presiones de la nueva administración federal, es un signo del contexto nacional donde pocos dueños de las concesiones, repartidas con absoluta discrecionalidad por las autoridades competentes, controlan los medios. Estos instrumentos de la comunicación masiva son buenos negocios para sus dueños, algunos ahora ofrecen sus mensajes y nuevos servicios comerciales por medio de la Internet. Los periódicos y noticieros de radio y de la televisión de mayor difusión nacional también se difunden en la Internet, y puede ser claro su propósito en un país donde hay poco más de dos millones de usuarios de la Internet, una población ahora creciendo de manera dinámica. Pero el fenómeno de esta proyección digital de los cuasi monopolios de los medios en efecto dificulta la oferta de mensajes alternos; sube el costo de oportunidad para los proyectos sociales, por ejemplo, que aspiran ofrecer su información al tiempo que crean un valor para la misma. Conforme pasa el tiempo, los difusores de información en la Internet están obligados a funcionar con criterios mercantiles. No es un ambiente muy propicio para proyectos sociales sin fines de lucro y donde las instituciones educativas y culturales son exhortadas a ser lo más autogestionarios posible. Me atrevo afirmar que el perfil de esta situación se extiende a toda la región latinoamericana.

El rezago digital en México, por ejemplo, es un tema controvertido. No requiere mucha imaginación para suponer una probable decisión estratégica del gobierno federal al principio del sexenio pasado. Con la crisis financiera autoinducida por los mismos economistas hechos funcionarios y políticos en 1994 y 1995, lo más fácil fue dejar a "las fuerzas del mercado" la evolución de la infraestructura digital y la oferta de información pertinente a la demanda del reducido público usuario, y de la muy limitada gestión gubernamental "en línea". Esta decisión también embonó con los intereses de la empresa telefónica que mantuvo hasta 1999 un monopolio sobre la telefonía local, lo que significa que lucraba con toda llamada a un servidor de Internet. Al no fomentar la construcción de un dominio público de información vinculado a las políticas públicas, tampoco se indujeron los incentivos para consultar el limitado acervo de información útil disponible. En efecto, hoy atestiguamos un rezago digital inducido, complicado por el ahondamiento de la marcada estratificación entre ricos y pobres que acompañó este período de la gestión política federal. Estamos ante un rezago digital insólito por el peso de la economía mexicana en el mundo y los avances en esta materia en otros países de la región.

El muy heterogéneo gremio de las organizaciones no gubernamentales en México se ha dedicado más a combatir las carencias, omisiones e impunidades de un Estado tradicionalmente autoritario, que construir un dominio público de servicio a toda la sociedad civil. Este hecho, observable en toda la región, no debe sorprendernos, si observamos el perfil y la historia de este Tercer Sector, concentrado en las ciudades, reclutando sus cuadros en las universidades y a veces entre el liderazgo de movimientos sociales, dedicando sus recursos y energía a proyectos muy concretos: la protección de los derechos humanos, la creación de servicios para mujeres violadas y niños de la calle, la reducción de la tala forestal clandestina y la contaminación industrial, para nombrar sólo algunos rubros prioritarios de acción. En efecto, no hubo muchos esfuerzos para fortalecer la sociedad civil en las colonias proletarias ni en las regiones rurales de México y los demás países de la región. Pero, ¡cuidado!, es obligación también de la sociedad civil organizarse mejor, no en un sentido corporativo, pero sí con esfuerzos coordinados donde las herramientas digitales no son un fin en si mismo, sino instrumentos de trabajo y difusión de métodos comprobados por medio de proyectos sociales.

No cabe duda que la información tiene mayor valor y peso específico en un ambiente donde la misma es escasa y la ética del dominio público es endeble. En los municipios y al interior de muchos gobiernos estatales, y México no es ninguna excepción, se aprecia las negociaciones personales; el juego del regateo del poder y prebendas provoca una concentración sobre la defensa de intereses personales, de gremio o mercantiles. Esta situación reinante en la cultura política local y micro, en efecto discrimina en contra de la construcción de un dominio público de información amplia, detallada, actualizada y útil, porque, en pocas palabras, no conviene a los actores tradicionales. Semejante propuesta es tildada como utópica, inconveniente, poco relevante a los negocios públicos en cabildeo continuo. Entonces, ¿cómo se construye un dominio público, los contenidos locales en páginas WWW disponibles por medio de los telecentros, cuando los actores principales, a todos los niveles, no lo valoren como tal? Considero al tema como uno de los dilemas actuales de mayor peso en el período por delante.

Hace quince días el Secretario de Comunicaciones y Transportes de México, Pedro Cerisola, anunció la creación de 2000 "telecentros" en las muchas oficinas de Telecom durante el resto de este nuevo sexenio (2000-2006). Hay una experiencia insólita aquí en el estado de Puebla, www.sicomnet.edu.mx, donde el propio gobierno del estado construyó y opera telecentros con servicios al público, y se sigue creciendo en número en la accidentada geografía poblana. De igual manera el gobierno del estado de Guanajuato creó los Centros del Saber. Existen proyectos pilotos de telecentros, endebles e híbridos, en el estado de Morelos, una iniciativa de la Universidad Metropolitana con recursos del Centro Internacional de Investigación del Desarrollo de Canadá, www.idrc.ca. Encontramos un "cóctel campechanado" de experiencias y figuras organizativas que enfrenta la creciente concentración de las empresas de los medios, incluyendo de la Internet, un novedoso interés del gobierno federal en el tema (sin difundir aún la estrategia a detalle), y una conectividad limitada y cara para usuarios del medio rural. El conjunto de los telecentros comparte un desafío en común: ¿cómo agregar valor al dominio público de la información pertinente, y cómo generar interés e incentivos entre los distintos gremios para que tomen conciencia de lo pertinente? No puedo concebir a un sector dinámico de telecentros sin una revaloración del dominio público, de la información que ahí pertenece, y de las obligaciones mutuas de las organizaciones y actores involucrados.

Al nivel de la región latinoamericana, es evidente que las elites nacionales no anticiparon la velocidad de la llegada de la revolución digital en sus respectivos ámbitos de poder y control de mercados y los marcos regulatorios correspondientes. No debe sorprendernos, como consecuencia, lo tardado que ha sido la privatización de anquilosadas burocracias oficiales de las telecomunicaciones, conforme estas elites se pusieron dé acuerdo con sus socios tecnológicos y financieros para operar nuevas empresas de servicios digitales en mercados protegidos de facto. Este ambiente, medio caótico en cuanto a los contrastes entre servicios disponibles y sus costos entre los países latinoamericanos, es hoy campo fértil para las megafranquicias en vías de consolidación entre "carriers", proveedores de contenidos (donde los monopolios regionales de la televisión abierta juegan un papel preponderante), y las empresas que ofrecen la conectividad a nivel local (en su mayoría las telefónicas). Estas megafranquicias pueden acaparar un mercado en plena fase de expansión, donde los proyectos de los telecentros han creado expectativas y una población cada vez más capacitada y sensibilizada en cuanto a los beneficios de los instrumentos digitales. No es descabellado afirmar que los telecentros, como proyectos sociales, de manera gratis están creando demanda que sólo proyectos de gran escala pueden capitalizar, y esto ocurre en un escenario donde las agencias del estado han confiado su desarrollo digital a las "fuerzas del mercado". Y al no tener modelos de negocio mixtos o híbridos exitosos, donde los telecentros del Tercer Sector, instancias del Estado y de la iniciativa privada pueden "ganar", según la lógica de valor de cada cual, esta obligada alianza tripartita no se consolida por falta de acuerdos y éxitos convincentes. Al no contar con estos proyectos pilotos de telecentros, donde se registran una convergencia de los intereses de estos actores institucionales, no necesariamente en pugna, el proceso de despegue de esta modalidad de construcción del dominio público, oferta de la conectividad y la capacitación para regiones apartadas y poblaciones marginadas, y la promoción de una cultura de la informática y de la información por parte del Estado, será prolongada y accidentada. El riesgo de una privatización de la información y los servicios digitales de su difusión es plenamente inaceptable, obligándonos a elaborar las políticas públicas que la coyuntura exige.